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Irak: Las personas primero
Las personas primero
Documentos recientes
Irak en el Informe 2003
Llamamiento de 10 puntos de AI
Actualización semanal de Amnistía Internacional en Irak – 23 de mayo de 2003
Inglés
Actúa (inglés)
Acciones sobre Irak en otros sitios de Amnistía Internacional
Irak: Los derechos humanos deben constituir los cimientos de la reconstrucción
Ammán. En víspera de una importante conferencia organizada por el Foro Económico Mundial donde se debatirá el futuro y la reconstrucción de Irak, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la situación actual de los derechos humanos en ese país, al afirmar: «El respeto a los derechos humanos debe ser la base para lograr la seguridad, la paz y la libertad en Irak.»
Irak: El Consejo de Seguridad pierde una oportunidad.
El Consejo de Seguridad pierde una oportunidad y debe centrarse en los derechos humanos ya. Las estipulaciones de derechos humanos de la resolución recién adoptada son escasas y débiles.
El Consejo de Seguridad debe corregir esto en las próximas semanas, reforzar todo lo relativo a los derechos humanos en la resolución y garantizar que la ONU desempeña un papel efectivo y promueve y contribuye a proteger los derechos humanos en Irak.
Irak: Las personas primero
Llamamiento de 10 puntos de Amnistía Internacional
Irak: Amnistía Internacional pide la intervención de Bush y Blair en relación con los «desaparecidos»
Egipto: detención en régimen de incomunicación e informes de tortura de activistas contrarios a la guerra
Estados Unidos: La “Operación Escudo de Libertad”, un ataque contra los derechos de los solicitantes de asilo
Irak: debe investigarse la muerte de manifestantes civiles
Irak: La necesidad de garantizar que se hace justicia
Hungría
República de Hungría
Jefe del Estado: Ferenc Mádl
Jefe del gobierno: Peter Medgyessy
(sustituyó a Viktor Orbán en julio)
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
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Los malos tratos sufridos por detenidos a manos de la policía continuaron siendo motivo de preocupación. Entre las víctimas hubo romaníes. Se promulgó una nueva reglamentación en materia de solicitantes de asilo que recortó aún más sus derechos y su protección.
Malos tratos
Siguieron recibiéndose informes sobre malos tratos policiales, entre otros a romaníes.
En noviembre, según informes, seis agentes de policía agredieron a un grupo de unos 40 romaníes que lloraban la muerte de un familiar en el hospital de Gyöngyös. Uno de los agentes dijo: «Os voy a pegar un tiro a todos, gitanos asquerosos». Según los informes recibidos sobre el caso, los agentes hicieron bajar a empujones a mujeres y niños indiscriminadamente a lo largo de tres tramos de escalera; asimismo, a un hijo de la persona fallecida lo esposaron a una puerta y lo golpearon con una porra. A continuación, detuvieron a cinco hombres, acusados de agredir a agentes de policía. El jefe de la policía local justificó el empleo de la fuerza diciendo, según los informes, que había sido necesario «reducir la resistencia de los romaníes» tras considerarse que con su conducta estaban perturbando la paz en el hospital.
Comité de Derechos Humanos de la onu
En abril, el Comité de Derechos Humanos, al examinar el cuarto informe periódico de Hungría sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por la ausencia en el país de una disposición legislativa general contra la discriminación y por la discriminación en general de los romaníes, destacando «el número demasiado alto de romaníes encarcelados, las denuncias de malos tratos a manos de la policía y la continuación de la existencia de escuelas separadas». También expresó su inquietud por la duración de la fase inicial de detención preventiva, que podía llegar hasta 72 horas, y por las dificultades que encontraban las personas detenidas para comunicarse con sus familiares y acceder a un abogado, especialmente si carecían de medios para costearse uno. Además, el Comité se mostró enormemente preocupado por la detención preventiva en dependencias policiales y el alto riesgo de malos tratos que entrañaba, por el elevado número de denuncias de malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y por las escasas investigaciones efectuadas en tales casos y las aún más escasas sentencias condenatorias dictadas en los casos investigados.
El Comité recomendó que el gobierno húngaro tomara medidas para promulgar legislación exhaustiva contra la discriminación y reforzara las medidas existentes para mejorar la situación de los romaníes. Asimismo, instó a Hungría a revisar las disposiciones de la nueva Ley de Procedimiento Penal con objeto de reducir a 48 horas o menos el periodo máximo autorizado de detención en comisarías. También recomendó a las autoridades que llamaran la atención de los jueces hacia el riesgo concreto de malos tratos en las dependencias policiales y que adoptaran las medidas adecuadas para garantizar el respeto del derecho de las personas detenidas a ponerse en contacto con sus familiares y a tener asistencia letrada. El Comité reclamó además la creación de un sistema independiente encargado de investigar las denuncias de abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Solicitantes de asilo
En enero entró en vigor una nueva reglamentación sobre los solicitantes de asilo y otros ciudadanos extranjeros que creó unas condiciones todavía más restrictivas para los solicitantes. En virtud de dicha legislación, las decisiones sobre las solicitudes de asilo se tomaban en primera y segunda instancia en una oficina cuya independencia parecía limitada, ya que formaba parte del Ministerio del Interior. La misma oficina se encargaba del trabajo policial en materia de extranjería, y este cometido era prioritario al de la tramitación de solicitudes de asilo. De este modo, si un solicitante de asilo se dirigía inmediata y voluntariamente a las autoridades, pero había entrado en el país de forma ilegal, se podía dictar una orden de expulsión contra él por su entrada ilegal aunque no fuera posible ejecutarla por no haberse examinado aún la petición de asilo. Por consiguiente, el solicitante de asilo podía pasar hasta un año detenido en espera de la expulsión.
Asimismo, según la nueva reglamentación, los agentes de policía encargados de tratar con ciudadanos extranjeros ya no estaban obligados a solicitar la «opinión autorizada» de las autoridades competentes en materia de refugiados para emitir la orden de devolución (refoulement) de un solicitante de asilo detenido en la frontera o que se hubiera presentado voluntariamente a las autoridades. Por consiguiente, en los meses que siguieron a la entrada en vigor de la nueva reglamentación, se amenazó a solicitantes de asilo con devolverlos a los países de los que habían huido, entre ellos Irak. Al parecer, la decisión de las autoridades sobre la devolución o no de un solicitante de asilo no se basaba en evaluaciones de los riesgos potenciales de la persona afectada, sino en normas generales internas sobre cada país en concreto, en contra de lo dispuesto en el derecho internacional.
Los solicitantes de asilo detenidos encontraron mayores dificultades aún para acceder a un abogado tras dictarse un decreto ministerial que sólo permitía a los detenidos ponerse en contacto con letrados que ya estuvieran en posesión de al menos una autorización verbal. En septiembre se limitó a unos abogados que trabajaban para el Comité Húngaro de Helsinki, organización local de derechos humanos, el acceso a prisiones donde había solicitantes de asilo que podían necesitar su asistencia.
India
República de la India
Jefe del Estado: A. P. J. Abdul Kalam
Jefe del gobierno: Atal Bihari Vajpayee
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
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Agentes estatales y no estatales erosionaron cada vez más el derecho de las minorías a vivir en condiciones de igualdad en el país, a pesar de estar claramente consagrado en la Constitución. Las minorías religiosas, especialmente la musulmana, fueron cada vez más blanco de abusos. En Gujarat, los musulmanes fueron víctimas de matanzas, presuntamente organizadas por grupos nacionalistas con la connivencia de agentes estatales. Las nuevas y restrictivas leyes de seguridad, que concedían a la policía amplias facultades para practicar detenciones, fueron utilizadas indebidamente contra los disidentes políticos en zonas de conflicto armado y en otros lugares. Los defensores de los derechos humanos sufrieron frecuentes hostigamientos a manos de particulares y de agentes estatales, y sus actividades se tacharon de «antinacionales». El sistema de justicia penal siguió caracterizándose por su extrema lentitud, por su falta de recursos y por la dificultad para acceder a él de las personas procedentes de sectores marginados económica y socialmente, como las castas inferiores y las mujeres. Los organismos de seguridad continuaron gozando de una impunidad casi total por los abusos cometidos en el pasado gracias a disposiciones concretas de la legislación sobre seguridad y a la protección política. A los observadores internacionales de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de la onu y las organizaciones internacionales de derechos humanos, se les negó de hecho el acceso a las zonas de conflicto armado y sólo se les permitió acceder muy limitadamente al resto del país.
Información general
La Alianza Nacional Democrática, liderada por el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party), continuó en el poder central durante todo el año. En febrero se celebraron elecciones estatales, que supusieron un nuevo debilitamiento de este partido y el resurgimiento del Partido del Congreso en el ámbito estatal. Sin embargo, en diciembre, el Partido del Pueblo Indio ganó las elecciones en el estado de Gujarat basándose en una plataforma de tipo religioso. La victoria reforzó la posición de los hindúes proclives a la línea dura del partido a nivel nacional. En Jammu y Cachemira, un gobierno de coalición del Partido Demócrata Popular y del Partido del Congreso subió al poder en noviembre; las elecciones pusieron fin a décadas de dominio de la política del estado por parte del Partido de la Conferencia Nacional.
Las tensiones entre la India y Pakistán, ambos países potencias nucleares, se intensificaron al volver a afirmar el gobierno indio que Pakistán apoyaba a grupos armados de oposición activos en Cachemira, afirmación legitimada internacionalmente en el marco de la campaña contra el «terrorismo» liderada por Estados Unidos y apoyada por el gobierno indio. El resultado fue un pulso militar en la frontera entre la India y Pakistán, cuya tensión no comenzó a suavizarse hasta octubre.
Los grupos nacionalistas hindúes continuaron presionando para conseguir sus aspiraciones de carácter religioso —especialmente la reconstrucción de un templo hindú en Ayodhya en el lugar donde se destruyó una mezquita en 1992— a través de la violencia y de la penetración en las instituciones, originando una sociedad cada vez más fragmentada por la religión. Continuó avanzando el proceso de paz entre el gobierno central y los grupos armados naga en el nordeste del país. Las conversaciones entre el gobierno de Andhra Pradesh y los grupos naxalitas (izquierdistas armados) fracasaron en julio.
En el marco de la liberalización de la economía, los proyectos de desarrollo económico siguieron vulnerando el derecho de las comunidades locales al acceso a los recursos naturales y provocaron grandes desplazamientos internos de población.
Matanzas en Gujarat
Tras el atentado del 27 de febrero contra un tren en Godhra (Gujarat), en el que murieron 59 pasajeros, se cree que hindúes, se extendió por el estado durante tres meses una violencia de brutalidad sin precedentes contra la comunidad musulmana. Según los informes, tras este estallido de violencia estaban los grupos nacionalistas hindúes, y la administración y la policía del estado no sólo no tomaron medidas suficientes para proteger a la población civil sino que, en muchos casos, es posible que actuaran en connivencia con los agresores y que participaran activamente en hechos de violencia. Según grupos de derechos humanos, hubo entre 2.000 y 2.500 muertos. También se destruyeron las casas, los lugares de culto y los medios de vida de miles de civiles. Unas 140.000 personas huyeron de sus casas tras las matanzas y muchas de ellas seguían sin hogar al terminar el año. El gobierno de Gujarat no cumplió activamente con su obligación de ayudar y rehabilitar a los supervivientes. Tras la violencia, la misma policía acusada de connivencia con los atacantes se hizo cargo de las investigaciones sobre las matanzas, desvirtuando el proceso de hacer justicia con las víctimas. Se designó una comisión de investigación para depurar responsabilidades, pero su tarea avanzó muy lentamente. Amnistía Internacional solicitó autorización para visitar Gujarat en julio e investigar la violencia, pero a sus delegados se les negó de hecho el acceso al estado.
Legislación sobre seguridad
En marzo, el Parlamento aprobó la Ley de Prevención del Terrorismo, operativa como ordenanza desde octubre de 2001, que otorgaba a la policía amplias facultades para practicar detenciones y preveía periodos de hasta seis meses de reclusión sin cargos ni juicio para las personas detenidas por razones políticas. De hecho, esta ley autoriza cierto nivel de escrutinio político en el proceso judicial y socava las normas del derecho estatutario de la India que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas. La Ley de Prevención del Terrorismo se utilizó durante el año para detener a opositores políticos, especialmente en el estado de Jammu y Cachemira, y se aplicó en otros estados, como Andhra Pradesh, Bihar, Jarkhand, Tamil Nadu y Uttar Pradesh, y en el Distrito Federal de Nueva Delhi. En los estados de Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh y Karnataka y en el Distrito Federal de Nueva Delhi se pusieron en vigor nuevas leyes sobre seguridad parecidas a ésta. Las autoridades continuaron utilizando la Ley sobre Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas, ya anulada, para detener a personas en Jammu y Cachemira vinculándolas a causas abiertas antes de 1995. Se creía que cientos de personas seguían detenidas en aplicación de esta ley. Las disposiciones sobre detención y prisión preventiva de las leyes de seguridad y del Código de Procedimiento Penal también se utilizaron indebidamente contra activistas políticos y de derechos humanos.
Impunidad
Las fuerzas de seguridad continuaron gozando prácticamente de total impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos gracias a las disposiciones de las leyes especiales de seguridad, como la Ley de Prevención del Terrorismo, así como de la Ley de Protección de los Derechos Humanos. La protección política, y la frecuente falta de aplicación de las recomendaciones formuladas por diversas comisiones de investigación reforzaron esta tendencia. En Punyab no hubo ningún avance significativo en las investigaciones confiadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con la «desaparición» y posible ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas de seguridad de miles de personas en la década de los ochenta y principios de la de los noventa. Esto indicaba que la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en zonas de conflicto armado no se consideraba prioritaria.
Diez años después de los disturbios religiosos generalizados en Bombay en los que murieron 1.788 personas, y cinco después del auto de procesamiento dictado por la comisión de investigación Shrikrishna contra varios policías por haber apoyado activamente a grupos hindúes violentos durante los disturbios, no se había hecho ningún avance significativo en el procesamiento de los presuntos autores. Tanto el relator especial de la onu sobre la independencia de jueces y magistrados como el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tenían peticiones pendientes para visitar la India, pero al terminar el año ninguno de ellos había sido invitado a visitar el país.
El nuevo gobierno de Jammu y Cachemira, en su Programa Común Mínimo publicado en octubre, prometió que se investigarían todos los informes de abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional recordó al gobierno de este estado el gran número de abusos que no se habían investigado de forma independiente, y le pidió que hiciera públicos los resultados de las comisiones de investigación creadas bajo el anterior gobierno, como la Comisión Pandian sobre ejecuciones extrajudiciales, creada en abril de 2000, y que actuara en consecuencia.
Seguían pendientes sendas solicitudes para visitar el país del relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados y del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, ambos de la onu. Al término del año aún no se había invitado a ninguno de ellos a visitar el país.
Discriminación
Las mujeres, los dalit (miembros de las castas clasificadas), los miembros de la comunidad tribal adivasi y otros sectores marginados social y económicamente, así como las minorías religiosas, incluida la musulmana, siguieron siendo discriminados por la policía, por el sistema de justicia penal y por agentes no estatales, a pesar de la legislación que protegía a algunos de estos grupos. Estos sectores continuaron estando especialmente expuestos a las torturas y los malos tratos, que seguían siendo práctica generalizada en todo el país. La campaña internacional contra el «terrorismo», así como el aumento de las tensiones con Pakistán, contribuyeron a legitimar indebidamente diversas formas de discriminación contra la minoría musulmana, como la violencia y la denegación del acceso a la justicia.
La policía continuó utilizando la fuerza en exceso y de forma sistemática contra las comunidades adivasi que protestaban contra su desplazamiento a causa de la construcción de grandes presas o proyectos industriales. Los derechos humanos de los dalit continuaron recibiendo atención internacional, especialmente por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que organizó en agosto un debate temático sobre la discriminación basada en el linaje. Sin embargo, las comunidades dalit continuaron siendo reprimidas violentamente cuando reivindicaban sus derechos, y seguían teniendo problemas para acceder al sistema de justicia penal para conseguir resarcimiento por los abusos.
Defensores de los derechos humanos
Aumentó el aislamiento de los defensores de los derechos humanos al ser tachadas a menudo sus actividades de «antinacionales» por agentes estatales y no estatales, especialmente cuando trataban de plantear preocupaciones de derechos humanos en debates sobre la seguridad nacional. El hostigamiento a los activistas en favor de los derechos humanos por parte de agentes estatales y no estatales fue una constante durante el año, y hubo muchos casos de injerencia indebida en sus actividades legítimas, amenazas verbales y físicas, presentación de falsas denuncias por la policía a fin de intimidarlos o detenerlos, uso de la detención y la reclusión preventivas y violencia, con algunos casos aislados de homicidio.
El 19 de junio, Navleen Kumar, activista social dedicada a la protección del derecho a la tierra de las comunidades tribales, murió apuñalada en su domicilio de Nallasopara, distrito de Thane, en Maharashtra. La policía detuvo a cuatro personas que al parecer tenían vínculos con los constructores y la mafia local que operaba en la zona con el apoyo de algunos sectores de la administración local. Al parecer, el procesamiento de los cuatro acusados llegó a una situación de punto muerto una vez que se les concedió la libertad bajo fianza.
Tanto el representante especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos como el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión tenían peticiones pendientes para visitar la India, y al terminar el año ninguno de ellos había recibido una invitación.
Abusos a manos de los grupos armados
de oposición
Los grupos armados de oposición de Jammu y Cachemira y de los estados del nordeste continuaron dirigiendo su violencia contra los civiles, a los que sometían a torturas y homicidios deliberados. En el periodo preelectoral en Jammu y Cachemira, estos grupos intensificaron sus actividades, cometiendo decenas de homicidios, incluidos los del ministro de Justicia del estado y varios candidatos electorales. Entre comienzos de agosto y mediados de octubre, fecha en que terminaron las elecciones, se registraron un total de 830 homicidios a manos de agentes estatales y grupos de oposición. La población civil también fue víctima de abusos contra los derechos humanos a manos de grupos naxalitas armados en zonas de Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa y Bengala Occidental.
Comisiones de derechos humanos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos adoptó una postura independiente tras la violencia en Gujarat, recomendando que el gobierno del estado tomara medidas preventivas para proteger a las minorías del estado y garantizar que se hiciera justicia y se rehabilitara a las víctimas de la violencia y a sus familias. Sin embargo, el gobierno de Gujarat hizo caso omiso de casi todas las recomendaciones de la Comisión. Tampoco estudió durante el año las recomendaciones de reforma de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993, que rige el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que habían sido formuladas por la propia Comisión en 2000. Como consecuencia de ello, la Comisión no pudo investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y paramilitares, ni los incidentes ocurridos más de un año antes de efectuarse la denuncia. Las recomendaciones de la Comisión siguieron sin ser vinculantes, y su aplicación por parte de los gobiernos afectados era muy deficiente. Las comisiones de derechos humanos estatales, existentes en 13 de los 28 estados, continuaron sufriendo falta de recursos y de experiencia.
Pena de muerte
Al menos 29 personas fueron condenadas a muerte, aunque se desconocía el número exacto de condenas impuestas y si se habían llevado a cabo ejecuciones, ya que el gobierno no publicó información alguna sobre este asunto. En noviembre, el Parlamento y el gobierno central afirmaron que estaban a favor de ampliar la aplicación de la pena capital a los delitos de violación. La mayoría de los grupos de mujeres, sin embargo, afirmó que lo que se necesitaba era que aumentara el número de violadores condenados, no que fueran condenados a muerte. La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Actividades Terroristas en marzo amplió el uso de la pena de muerte a los delitos de «terrorismo» en los que hubiera habido víctimas mortales. Aumentó la preocupación sobre el uso de la pena capital en aplicación de esta ley, ya que permite llevar a cabo juicios sin garantías y en ocasiones se ha esgrimido la necesidad de luchar contra el «terrorismo» como justificación suficiente para imponer la pena de muerte sin que haya pruebas fundadas.
En diciembre de 2001, Davinder Pal Singh Bhuller apeló ante el Tribunal Supremo contra la condena a muerte que le había sido impuesta por delitos de «terrorismo» presuntamente cometidos por él en 1993. La apelación fue rechazada por dos de los tres jueces, que declararon culpable a Davinder Pal Singh Bhuller basándose en una confesión que, según el acusado, la policía había conseguido empleando la tortura, de la que más tarde se había retractado y que no había sido corroborada por ninguna otra prueba. En contra de lo que suele ser habitual, el tercer juez declaró al acusado inocente. A mediados de diciembre, una sala de apelación del Tribunal Supremo compuesta de tres magistrados confirmó la petición por la que se solicitaba la impugnación del controvertido resultado de la apelación.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
India: Evaluation of the South Asia Human Rights Defenders Project (Índice AI: ASA 04/002/2002)
India: The state must ensure redress for the victims. A memorandum to the Government of Gujarat on its duties in the aftermath of the violence (Índice AI: ASA 20/005/2002)
Carta abierta al ministro principal Mufti Mohammad Sayeed (Índice AI: ASA 20/020/2002/s)
India: Open letter to Law Minister Jana Krishnamurthi about the forthcoming trial of Abdul Rehman Geelani and three others (Índice AI: ASA 20/011/2002)
Visitas
Una delegación de Amnistía Internacional visitó la India en abril y se reunió con el gobierno y otros altos cargos, así como con grupos de derechos humanos. En julio, el gobierno denegó de hecho a la organización el acceso al país para realizar una visita de investigación a Gujarat tras las matanzas.
Indonesia
República de Indonesia
Jefa del Estado y del gobierno:
Megawati Sukarnoputri
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
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En las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa (antes conocidas como Aceh e Irian Jaya, respectivamente) la situación de los derechos humanos continuó siendo grave, con cientos de informes de casos de ejecución extrajudicial, «desaparición», tortura y detención ilegal. El hecho de que el gobierno no tomara medidas enérgicas para terminar con las violaciones de derechos humanos influyó negativamente en los esfuerzos para resolver los conflictos derivados de las reivindicaciones de independencia que venían formulándose desde hacía tiempo. Los juicios del Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental (país rebautizado oficialmente como República Democrática de Timor-Leste en 2002) no resolvieron satisfactoriamente graves delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidos en Timor Oriental en 1999, lo cual reforzó la impunidad. Al menos nueve presos de conciencia fueron condenados a prisión, y otros cuatro estaban en espera de juicio al acabar el año. Los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de violaciones de dichos derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegítimas.
Información general
La reforma avanzó en algunas áreas. Se aprobaron las elecciones presidenciales directas y se puso de plazo hasta 2004 para terminar con el criticado sistema de reserva de escaños parlamentarios para el ejército y la policía. Sin embargo, la reforma del poder judicial apenas progresó y, de nuevo, no se aplicaron los planes para modificar el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal.
Varios importantes juicios por corrupción que se celebraron durante el año contribuyeron poco a restablecer la confianza de la población en el sistema judicial y los dirigentes políticos. Akbar Tanjung, dirigente de Golkar, uno de los principales partidos políticos, fue uno de los condenados a prisión por corrupción, a pesar de lo cual no renunció a su puesto en el partido ni a su cargo de presidente del Parlamento.
Leyes sobre seguridad
Tras el atentado con bomba del 12 de octubre en un club nocturno de Bali que se saldó con la muerte de casi 200 personas entró en vigor una normativa del gobierno (Normativa sobre la Eliminación del Terrorismo) que introducía la pena de muerte para algunos actos definidos como «terroristas». La normativa no garantizaba adecuadamente el derecho de los detenidos a un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia y a recibir asistencia letrada. Se presentaron al Parlamento leyes para sustituirla, pero éstas no se habían aprobado al terminar el año.
Se detuvo a 15 personas en relación con el atentado de Bali. Un líder religioso musulmán fue detenido en relación con otros atentados cometidos en Indonesia en los últimos años. Se temía que sus juicios no cumplieran las normas internacionales sobre garantías procesales.
Impunidad
Los intentos de resolver la impunidad en casos de derechos humanos progresaron poco, ya que la resistencia política y las debilidades legales e institucionales siguieron desvirtuando las investigaciones y los juicios de encausados por violaciones de derechos humanos. Al terminar el año aún no se habían creado los cuatro tribunales permanentes de derechos humanos establecidos por las leyes promulgadas en 2000 y que entenderían en casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Juicios sobre Timor Oriental
En marzo se reunió un tribunal especial de derechos humanos para estudiar casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Timor Oriental en las fechas del referéndum sobre la independencia de agosto de 1999. Se juzgó a 18 personas en relación con cuatro sucesos. El ex gobernador provincial de Timor Oriental, Abilio Jose Osorio Soares, el jefe del ejército en Dili, teniente coronel Sujarwo, y el dirigente de las milicias, Eurico Guterres, fueron condenados a 3, 5 y 10 años de cárcel respectivamente. Otros 11 acusados fueron absueltos y, al terminar el año, aún no habían concluido los juicios de los cuatro restantes. Amnistía Internacional expresó su preocupación ante el incumplimiento por parte de los fiscales de su obligación, establecida por el derecho internacional, de emprender acciones judiciales eficaces contra los acusados: pasaban por alto pruebas pertinentes y fundamentadas y no probaban el carácter generalizado y sistemático de los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999. Además, ni a testigos ni a víctimas se les brindó la protección adecuada, y varios testigos se negaron a comparecer al no poderse garantizar su seguridad.
Quedaron sin investigar centenares más de graves delitos cometidos en Timor Oriental durante 1999. Indonesia también continuó negándose a cooperar con las investigaciones y los juicios iniciados por la onu en Timor Oriental, entre otras cosas no transfiriendo a este país a indonesios o personas residentes en Indonesia contra quienes la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, de la onu, había dictado órdenes de detención.
Otros casos no resueltos
Los esfuerzos encaminados a que los autores de otras violaciones de derechos humanos comparecieran ante la justicia avanzaron poco, miles de casos quedaron sin investigar, y los pocos que sí se investigaron, salvo en un caso, no acabaron en proceso judicial alguno. En tres casos destacados donde se habían iniciado investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad no hubo ningún imputado ni procesamiento alguno.
En enero, un tribunal militar condenó a nueve miembros de la Brigada Móvil de Policía (Brimob) a penas de entre tres y seis años de cárcel en relación con la muerte a tiros de cuatro estudiantes en la Universidad Trisakti, Yakarta, en 1998. Varios oficiales de alta graduación de la policía y el ejército se negaron a responder a las citaciones de una comisión de investigación sobre la ejecución extrajudicial de los cuatro estudiantes y de al menos otras 19 personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, que dispararon contra manifestantes en Yakarta en 1998 y 1999. El equipo de investigación informó en abril de que en los homicidios había implicados 49 miembros de la policía y del ejército. Su recomendación de que el fiscal general investigara más a fondo el caso no se había puesto en práctica al terminar el año.
En abril, la Fiscalía envió un equipo de investigación a Papúa en respuesta a las conclusiones de otra Comisión de Investigación que había encontrado indicios de graves violaciones de derechos humanos en Abepura en diciembre de 2000, como el homicidio de tres estudiantes y la detención ilegítima y la tortura de un centenar más. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra nadie.
De las 14 personas, entre ellas el jefe del Comando de Fuerzas Especiales, señaladas como sospechosas del homicidio de gran número de personas en Tanjung Priok, Yakarta, en 1984, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra unos manifestantes, ninguna había comparecido ante la justicia al terminar el año.
Represión de los movimientos independentistas
Nanggroe Aceh Darussalam
El diálogo entre el gobierno y el grupo armado de oposición Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, gam) desembocó en la firma en diciembre de un acuerdo de alto el fuego. Este acuerdo fue concebido como un primer paso para poner fin a un conflicto que, según cálculos de organizaciones locales de derechos humanos, se había cobrado durante el año la vida de más de 1.300 personas.
Hubo informes de decenas de detenciones ilegales a manos de la policía y el ejército. La tortura y el maltrato a los detenidos continuaron siendo práctica habitual. Entre las víctimas había personas sospechosas de pertenecer o apoyar al gam, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. En algunos casos, en lugar del presunto miembro del gam se detuvo a algún familiar. También hubo informes de casos en los que se pidió dinero para conseguir la libertad de los detenidos.
El gam también cometió graves abusos contra los derechos humanos, como secuestros y homicidios ilegítimos. El acuerdo de alto el fuego no contemplaba la reparación por la vía judicial de éstas y otras violaciones de derechos humanos.
Junaidi, jefe de la sección del distrito de Aceh Besar de la organización independentista Centro de Información sobre el Referéndum en Aceh, fue detenido el 8 de enero por soldados de la Comandancia Estratégica de Reserva del Ejército y «desapareció». Un familiar recibió una llamada telefónica suya en la que decía que estaba detenido en la zona del subdistrito de Seulimeum, distrito de Aceh Besar. El ejército negó que estuviera en su poder.
Hasan Basri, de 50 años, natural del subdistrito de Krueng Sabee, distrito de Aceh Occidental, pasó cinco meses detenido por el ejército. Durante ese tiempo lo sometieron a torturas tales como amenazarlo de muerte y obligarlo a presenciar la ejecución de otro preso. Su detención se atribuyó a que el ejército sospechaba que dos de sus hijos pertenecían al gam. Los abogados que intentaron ponerse en contacto con él fueron amenazados de muerte.
Papúa
Los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a las demandas políticas y de otra índole en Papúa siguieron viéndose obstaculizados por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Las restricciones a la libertad de expresión limitaron gravemente las actividades del movimiento civil independentista. Continuaron los juicios de tres destacados miembros del importante grupo político independentista Presídium del Consejo de Papúa, que fueron absueltos en marzo de cargos relacionados con sus actividades políticas pacíficas. Cuatro personas pertenecientes a la sección del distrito de Jayawijaya del Presídium, condenadas a cuatro años de cárcel en 2000, continuaron detenidas dentro de los límites de la localidad de Wamena, y Amnistía Internacional las consideró presos de conciencia.
Miembros del Comando de Fuerzas Especiales fueron acusados del homicidio, cometido en noviembre de 2001, del presidente del Presídium del Consejo de Papúa, Theys Eluay. Contra siete de ellos se habían formulado oficialmente cargos al terminar el año. El comienzo de los juicios, que iban a celebrarse ante un tribunal militar, estaba previsto para enero de 2003.
Las actividades mineras y madereras también fueron marco de violaciones de derechos humanos. En agosto, un indonesio y dos ciudadanos estadounidenses murieron en un atentado cerca de la mina PT Freeport Indonesia en el distrito de Mimika. El ejército atribuyó el ataque al grupo armado de oposición Movimiento Papúa Libre. Sin embargo, tanto la policía como las organizaciones locales de derechos humanos manifestaron públicamente sus sospechas de que el ejército indonesio estaba implicado en estas muertes.
El acceso al subdistrito de Wasior, en el distrito de Manokwari, continuó restringido tras las operaciones policiales de 2001 contra personas consideradas sospechosas de dos atentados contra empresas madereras. Se condenó a prisión, tras ser sometidas a juicios injustos, a 27 personas detenidas durante estas operaciones policiales. Todas salvo Marthinus Septinus Daisiwa, condenado a siete años de cárcel, habían quedado en libertad al terminar el año. No se investigaron las denuncias según las cuales las 27 habían sido torturadas y sometidas a otras violaciones de derechos humanos.
En noviembre y diciembre se detuvo, en relación con la celebración de actos independentistas pacíficos, a 49 personas, 41 de ellas en la localidad de Manokwari, en el distrito de Manokwari. Inicialmente, a estas 41 personas se les negó el acceso a abogados y familiares. Ocho seguían detenidas al terminar el año.
Presos de conciencia
Aumentó el uso de leyes represivas para detener y encarcelar a presos de conciencia. En aplicación de una ley que no se utilizaba desde 1998 se condenó a prisión a dos personas y contra tres se formularon cargos por «insultos a la Presidencia». Otras siete personas, entre las que había activistas sindicales e independentistas, fueron condenadas a prisión en virtud de otras leyes a causa de sus actividades pacíficas. Otro activista político, al que Amnistía Internacional consideraría preso de conciencia de ser declarado culpable, se encontraba aún en espera de juicio al terminar el año.
En octubre, Muzakkir y Nanang Mamija fueron condenados a un año de cárcel cada uno por «insultos a la Presidencia» tras desfigurar una imagen de la presidenta durante una manifestación en Yakarta. Ricky Tamba y Frederik estuvieron recluidos dos días en relación con la misma manifestación.
Raihana Diany, coordinadora de la Organización Democrática de Mujeres de Aceh, fue detenida en julio durante una manifestación pacífica en protesta por la política del gobierno y las violaciones de derechos humanos en la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam, y fue acusada de «insultos a la Presidencia». Su juicio, que comenzó en octubre, no había terminado al finalizar el año.
Defensores de los derechos humanos
Los observadores nacionales e internacionales de derechos humanos tuvieron restringido el acceso a las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa. En ambas, los defensores de los derechos humanos continuaron sometidos a violaciones de dichos derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegítimas. Muchos informaron de que los habían amenazado y hostigado en el desempeño de sus actividades. En Aceh se ejecutó extrajudicialmente a dos defensores de los derechos humanos. Durante el año se detuvo al menos a 23, 14 de los cuales denunciaron haber sido golpeados bajo custodia.
Siete personas fueron condenadas a 2 meses y 10 días de cárcel por el ataque perpetrado en marzo contra las oficinas en Yakarta de la Comisión sobre Desapariciones y Víctimas de la Violencia (Kontras). Sin embargo, siguieron sin resolverse casos pasados de violaciones de derechos humanos contra defensores de esos derechos, entre ellos el homicidio ilegítimo de tres trabajadores de la organización Acción de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura, cometido en Nanggroe Aceh Darussalam en diciembre de 2000, a pesar de que ese mismo año se había identificado a los sospechosos.
En marzo, Nasrullah Ibrahim, Muhammad y Riza Pahlevi, miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos contra los Derechos Humanos, permanecieron en régimen de incomunicación bajo custodia policial durante cuatro días, al cabo de los cuales fueron puestos en libertad sin cargos. Koes Sofyan, también miembro de esta asociación, fue detenido por agentes del Comando de Fuerzas Especiales y retenido durante casi tres meses antes de ser puesto en libertad sin cargos. Los cuatro fueron torturados.
Musliadi, jefe de la Coalición de Acción Estudiantil y Juvenil de Aceh Occidental, fue detenido en noviembre por seis hombres no uniformados en las oficinas de la organización en Banda Aceh, capital de la provincia de Aceh. Su cadáver fue encontrado cuatro días después flotando en un río a 70 kilómetros de Banda Aceh. Presentaba hematomas en las piernas, la espalda y el pecho, y una puñalada en la nuca. Se temía que lo hubieran matado a causa de sus actividades contra la violación de los derechos humanos en Aceh.
Pena de muerte
Se supo que nueve personas habían sido condenadas a muerte, lo que elevaba el número de condenados a la pena capital a un mínimo de 58. De los presos en espera de ejecución, 25 habían sido condenados por delitos relacionados con drogas. No se llevó a cabo ninguna ejecución.
Organizaciones intergubernamentales
El relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados y el relator especial sobre el derecho a la educación visitaron Indonesia en julio. La petición de visitar Aceh del primero fue denegada.
El gobierno invitó a visitar Indonesia al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, ni el relator especial sobre la cuestión de la tortura ni el representante especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos recibieron respuesta a sus peticiones para visitar el país.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
Indonesia: Impunity and human rights violations in Wasior, Papua (Índice AI: ASA 21/015/2002)
Indonesia: Grave human rights violations in Papua (Índice AI: ASA 21/032/2002)
Visita
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Indonesia en enero, incluida una breve parada en la provincia de Papúa.
Irak
República de Irak
Jefe del Estado y del gobierno:
Sadam Husein
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
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Se ejecutó a decenas de personas, algunas de las cuales eran posibles presos de conciencia. Se decretó una amnistía general, pero siguió sin conocerse la suerte que habían corrido decenas de miles de personas «desaparecidas» en años anteriores. Se siguió expulsando al Kurdistán iraquí a habitantes de etnia no árabe de la región de Kirkuk, principalmente a kurdos. Continuaron las amenazas contra familiares de activistas de la oposición.
Información general
La amenaza de intervención militar estadounidense contra Irak se intensificó considerablemente hacia el final del año. En enero, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, acusó a Irak de formar parte del «eje del mal», y a lo largo del año pidió un «cambio de régimen» en el país. El gobierno estadounidense acusó a Irak de estar en posesión de armas de destrucción masiva, en contravención de resoluciones del Consejo de Seguridad de la onu, lo que constituiría una «amenaza para la seguridad de Estados Unidos». En un discurso pronunciado en septiembre ante la Asamblea General de la onu, el presidente Bush instó a ésta a velar por que Irak cumpliera todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y amenazó con emprender, de lo contrario, acciones militares contra el país.
En noviembre, tras dos meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1.441, en la que se exigía a Irak la eliminación de sus armas de destrucción masiva y se concedían amplios poderes a los inspectores de armas de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (unmovic) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea), a los que se debía permitir el «acceso inmediato, sin trabas, incondicional e irrestricto» a todos los lugares del país. Asimismo, en la Resolución se concedía a Irak un plazo de una semana para expresar su conformidad con ella, y un plazo de un mes para hacer una descripción exacta, cabal y completa de sus programas de desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares y de misiles balísticos. También se advertía a Irak de que se expondría a sufrir «graves consecuencias» si no aprovechaba esta «última oportunidad» de cooperar y acceder al desarme.
Irak aceptó la Resolución, por lo que a finales de noviembre comenzaron su trabajo los inspectores de la onu. En diciembre, el gobierno iraquí presentó al Consejo de Seguridad la descripción solicitada. El presidente de la unmovic, Hans Blix, manifestó que había en ella puntos sin aclarar, y el gobierno estadounidense afirmó que era incompleta y que Irak estaba incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones.
Irak continuó sometido a las sanciones económicas impuestas por la onu desde 1990. En mayo, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1.409, por la que se permitía al país importar productos sin el consentimiento previo del Comité de Sanciones de la onu; no obstante, el Consejo de Seguridad elaboró una relación de productos para los que sí era necesaria la aprobación del Comité de Sanciones, ya que podían tener un doble uso y utilizarse con fines militares. El programa «petróleo por alimentos» se prorrogó seis meses tras aceptar Irak la Resolución 1.409, y luego otros seis más en diciembre.
A lo largo del año se tuvo noticia de muertes de civiles como consecuencia de la intensificación de los ataques aéreos lanzados por las fuerzas estadounidenses y británicas contra objetivos iraquíes dentro de las «zonas de exclusión aérea». El gobierno iraquí declaró que habían muerto cuatro civiles al atacar aviones estadounidenses y británicos blancos iraquíes en la zona de Mosul, en el norte de país, en febrero. En julio afirmó que una familia de cuatro miembros y una persona más habían muerto al bombardear aviones estadounidenses una zona de Al Diwaniya, en el sur.
En febrero, el relator especial de la onu sobre la situación de los derechos humanos en Irak visitó el país, tras acceder a ello el gobierno por primera vez desde 1992. Durante la visita mantuvo conversaciones con altos cargos gubernamentales, a los que expuso motivos de preocupación en materia de derechos humanos pendientes desde hacía mucho tiempo; asimismo, visitó dos prisiones y se reunió también con líderes religiosos y jueces, entre otros. En abril, la Comisión de Derechos Humanos de la onu aprobó una resolución en la que acusaba al gobierno iraquí de ejercer «una represión y una opresión omnipresentes, sostenidas mediante una amplia discriminación y el terror generalizado». La Comisión prorrogó un año el mando del relator especial.
En octubre, el presidente Sadam Husein fue reelegido para un nuevo mandato de siete años tras ganar un referéndum en el que, según informes, obtuvo el cien por cien de los votos y en el que él era el único candidato.
Amnistía general
En octubre, el Consejo del Mando de la Revolución, órgano ejecutivo supremo de Irak, promulgó el Decreto núm. 25, firmado por el presidente Sadam Husein y en el que se ordenaba, supuestamente, la excarcelación de todos los presos. La amnistía era aplicable a los «presos, detenidos y fugitivos condenados a prisión por razones políticas y a todos los demás encarcelados por razones ordinarias, incluidos los condenados a muerte [...] dentro y fuera de Irak». Sin embargo, no se beneficiaban de ella los árabes condenados por espiar para Israel y Estados Unidos, o que estuvieran acusados de ello. Las autoridades no hicieron público el nombre de los presos excarcelados en virtud de la amnistía, la mayoría de los cuales habían sido condenados, según informes, por delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas, colaboración con Irán, corrupción y soborno. En noviembre se dio carácter condicional a las excarcelaciones con un nuevo decreto según el cual los presos liberados no serían indultados si cometían nuevos delitos.
Al parecer, tras decretarse la amnistía regresaron al país centenares de iraquíes residentes en el extranjero, incluidos activistas de la oposición. Siguió sin conocerse la suerte que habían corrido decenas de miles de personas «desaparecidas» en la década de los ochenta y en 1991, entre las que había ciudadanos extranjeros.
Pena de muerte
Continuó imponiéndose ampliamente la pena de muerte. Durante el año se ejecutó a decenas de personas, algunas de las cuales eran posibles presos de conciencia. Entre las víctimas había presuntos miembros o simpatizantes de grupos políticos y religiosos de oposición y militares acusados de mantener contactos con la oposición en el extranjero. En muchos casos fue imposible determinar si las ejecuciones habían sido judiciales o extrajudiciales, dado el secreto que las rodeaba.
En marzo fueron ejecutadas en la Dirección General de Seguridad de Bagdad cinco personas —Hussain al-Sayyid Hammadi al-Buhadma, Kamil al-Sayyid Muhsin ‘Abbas al-Buhadma, Hamza ‘Uwayd Jouida ‘Idan, Qassem al-Sayyid Jaber Hamza e ‘Inad al-Sayyid ‘Abbas Hamza— acusadas, según informes, del asesinato de un miembro del Partido Baás y de un policía en el pueblo de Al Wahabi, cerca de Al Kufa. Habían sido detenidas en diciembre de 2001 y se ignoraba si habían sido juzgadas. De acuerdo con la información disponible, se impidió a sus familias celebrar un funeral adecuado.
Según informes, tres militares, entre ellos Mohammad Abdallah Shahin y Mohammad Najib, fueron ejecutados en Mosul en marzo por presuntas críticas al presidente iraquí.
En julio se ejecutó en la prisión de Abu Ghraib a cinco personas de Basora —Fadhel Mrawwadh ‘Inaya al-Hamdani, Salah Jabr al-Hamdani, Falah Jabr al-Hamdani, Jassem Ahmad al-Hamdani y ‘Ali Jawwad al-Haydari— que habían sido detenidas al concluir 2001 y acusadas, según informes, de pertenecer a grupos ilegales de oposición chiíes.
Expulsión de personas de etnia no árabe
Se continuó expulsando al Kurdistán iraquí a habitantes de etnia no árabe de la región de Kirkuk, principalmente a kurdos, pero también a turkmenos y asirios. A algunos los obligaron a trasladarse al sur de Irak. En los últimos años se ha expulsado de Kirkuk a millares de personas debido a su origen étnico, así como debido a la situación estratégica y a los yacimientos petrolíferos de la región. Las autoridades han animado a los árabes del centro y el sur del país a mudarse allí.
En julio, Akbar ‘Omar, Sa’di Ali Karimand y Haji Mohammad Khosro fueron expulsados junto con sus familias del distrito de Shorja, de Kirkuk, y obligados a trasladarse al Kurdistán iraquí.
En septiembre se obligó a trasladarse de Kirkuk al Kurdistán iraquí, junto con sus familias, a Maid ‘Abd al-Hammed, Basin Thai, Nazim Shu‘at y Ashy Ahmad. Ese mismo mes se expulsó de la ciudad de Makhmur a Omar Unman Hassan, Baqi Fathallah y Najat Abdallah Hassan, que tuvieron que trasladarse también al Kurdistán iraquí junto con sus familias; asimismo, ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Hamid Shafiq, Jangi ‘Abd al-Hamid Shafiq, Yussef Jalal Rahman, Mohammad Hama ‘Ali y Hussain ‘Omar fueron expulsados junto con sus familias de la localidad de Tuz Khurmatu y obligados a trasladarse al sur de Irak.
Amenazas a familiares de activistas
de la oposición
Los servicios de seguridad obligaron a familiares de algunas figuras de la oposición iraquí en el exilio a aparecer en la televisión por satélite iraquí para denunciar a sus parientes exiliados. La medida parecía tener por objeto reducir al silencio a los activistas de la oposición.
En enero, la madre, dos hermanas y un hermano de Fa’iq al-Shaikh ‘Ali, periodista iraquí residente en Londres, fueron entrevistados por la televisión iraquí en su casa, en la ciudad de Al Jaf, situada al sur de Bagdad. Todos ellos denunciaron uno tras otro a Fa’iq ‘Ali y le pidieron que pusiera fin a sus actividades políticas. Antes de las entrevistas, habían estado detenidos durante varios días. Las detenciones se produjeron tras haber criticado Fa’iq ‘Ali la política del gobierno iraquí en un debate emitido por la televisión por satélite kuwaití Al Yazira.
En octubre, los hermanos de Al-Shaikh Hajem Hazzara, activista de la oposición residente en Jordania y miembro de la Alianza de Tribus, asociación política fundada en el exilio, tuvieron que presentarse en la jefatura de la agencia de Información General para ser interrogados. Según informes, los amenazaron con matarlos si su hermano continuaba con sus actividades en contra del gobierno. De acuerdo con la información disponible, los familiares de otros miembros de la Alianza de Tribus recibieron amenazas similares.
Kurdistán iraquí
En las provincias del norte de Irak, el Partido Demócrata del Kurdistán (pdk) y la Unión Patriótica del Kurdistán (upk) anunciaron en septiembre el comienzo de un proceso de reunificación y acordaron impulsar la aplicación del acuerdo de paz firmado en Washington, Estados Unidos, en 1998. Sus líderes se reunieron varias veces. Entre las medidas de normalización que acordaron figuraban la reapertura de las oficinas de cada uno de los dos grupos en las zonas controladas por el otro, la devolución de los bienes tomados en combate a mediados de la década de los noventa, la circulación sin obstáculos por sus zonas respectivas y la liberación de las personas recluidas desde la guerra civil (1993-1997). En octubre se reunió, por primera vez en seis años, el Parlamento regional kurdo, que en noviembre anunció el establecimiento de una comisión encargada de preparar elecciones legislativas para julio de 2003.
Siguieron estallando durante el año combates esporádicos entre las fuerzas de seguridad de la upk y miembros de Ansar al Islam, grupo islámico armado surgido de la fusión de otras dos organizaciones armadas, Jund al-Islam y un grupo escindido del Movimiento de Unidad Islámica. Se dijo que Ansar al Islam era responsable de varios atentados con bomba perpetrados contra edificios y autoridades del gobierno de la upk.
En agosto, las autoridades de la upk y el pdk promulgaron una legislación que sancionaba con una pena máxima de muerte los homicidios cometidos en nombre del honor.
Detenciones políticas
En abril fue detenido en Kalar, en la zona controlada por la upk, como sospechoso de espiar para un país extranjero, Mohammad Ahmad Mahmoud al-Zahawi, ex miembro de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán. Su familia no supo su paradero hasta mediados de junio, cuando le dijeron que se encontraba en Sulaimaniya bajo la custodia de los servicios de seguridad e información de la upk, conocidos como Dezgay Zanyari. Lo dejaron en libertad en septiembre. Se ignoraba si se habían presentado cargos contra él o si había sido juzgado.
En septiembre detuvieron en la zona controlada por el pdk a Burhan Qani, redactor jefe del periódico Ray Gishti, y a ‘Imad Shekhani, escritor. Según informes, al concluir el año continuaban privados de libertad. Se ignoraba el motivo de su detención y por qué seguían recluidos.
Acciones de Amnistía Internacional
En septiembre, Amnistía Internacional instó a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la onu a garantizar que se haría todo lo posible para resolver la crisis de Irak por medios pacíficos.
Irán
República Islámica de Irán
Líder de la República Islámica de Irán:
Ali Jamenei
Presidente: Mohammad Jatami
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
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Se detuvo por motivos políticos a decenas de personas, algunas de la cuales fueron consideradas presos de conciencia. Otras, detenidas hacía ya tiempo, continuaron recluidas sin juicio o en cumplimiento de penas impuestas en juicios injustos. Algunas no tenían acceso a un abogado ni a su familia. El poder judicial continuó restringiendo la libertad de expresión y de asociación, y se detuvo a decenas de estudiantes, periodistas e intelectuales. Se ejecutó, a menudo públicamente y en algunos casos por lapidación, al menos a 113 personas, entre las que había presos políticos encarcelados desde hacía mucho tiempo, y se aplicaron penas de flagelación al menos a 84 personas, en muchos casos también en público.
Información general
Durante el año se intensificó la tensión política y social, con efectos negativos para los derechos humanos. Aumentó la rivalidad política entre, por un lado, los seguidores del presidente Jatami y la gran mayoría de los miembros del Parlamento, favorables a la reforma social, y por el otro, los partidarios del planteamiento conservador del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei, el poder judicial y muchos miembros de las fuerzas de seguridad. Sumados al creciente desempleo, estos factores agravaron el descontento social, particularmente entre los jóvenes, que pedían mayor libertad social. Con la condena a muerte de Hashem Aghajari (véase infra), en octubre se iniciaron semanas de manifestaciones encabezadas por los estudiantes para protestar sobre todo por la
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